La
Constitución de 1917 contemplaba la reelección de diputados, senadores y
Presidente de la República. El razonamiento era sencillo: que los políticos
tengan la posibilidad de consolidarse en el cumplimiento de sus funciones en el
mediano y largo plazo, pero que su cargo se lo deban al voto de los ciudadanos.
Esta redacción permaneció inmaculada hasta 1933, cuando Plutarco Elías Calles
consideró de suma importancia centralizar el poder político bajo un mismo
mando. Transcurrían los primeros años del Partido Nacional Revolucionario (PNR)
y la violencia desatada por la Revolución seguía fresca en la mente de todos. Se
pensaba que, con la mayoría en el poder legislativo, el PNR podría controlar la
competencia política a través de la rotación obligatoria de funcionarios públicos.
Palabras más,
palabras menos, la reforma constitucional de 1933 sentó las bases para la institucionalización
del autoritarismo en México. Con el binomio presidencia-partido, se estableció
una instancia central coordinadora del sistema político en todos sus niveles de
gobierno. Esto, a su vez, dio origen a una clase política “revolvente” que pasaba
de un cargo a otro, desplazando al ciudadano del escenario político. Desde
entonces, ningún funcionario público pudo sostenerse en el cumplimento de sus obligaciones
sin la venia del partido hegemónico. La función del ciudadano fue expropiada
por las camarillas que controlaron la presidencia durante 71 años.
El problema es
que hasta la fecha poco ha cambiado.
Desde 1933 la
reelección de funcionarios públicos es vista con enorme recelo. Mientras los
adictos al psicoanálisis se lo atribuyen a los traumas de la era porfiriana,
los sospechosistas postmodernos señalan a la irresponsabilidad generalizada de
la clase política. De cualquier manera, la realidad es que cerca del 65% de la
población se opone a la reelección, y si la misma encuesta se realizara entre
funcionarios públicos, seguramente esta cifra rondaría el 90%. ¿Por qué? Por la
sencilla razón que resulta mucho más cómodo rendirle cuentas a la cúpula de un
partido político que a los ciudadanos de un distrito electoral, de un municipio,
de un estado o (¡Santa María Purísima!) de un país.
Mientras los
políticos mexicanos sigan luchando por su supervivencia en los finos comedores
de Polanco, podemos esperar pocos cambios en sus políticas públicas, diseñadas
para llenar el ojo de sus jefes de manera inmediata y no para beneficiar a la
ciudadanía en el mediano y largo plazo. Aunque suene paradójico, para cambiar
la manera de hacer política en México, es necesario generar condiciones de mayor
certidumbre para nuestros políticos, y que esa certidumbre dependa de los
ciudadanos, no los dueños de los partidos. De la misma manera en que un
inversionista necesita certidumbre jurídica para asegurar su patrimonio y
animarse a tomar riesgos, nuestros funcionarios públicos necesitan certidumbre política
para asegurar su carrera política y animarse a tomar riesgos más allá del corto
plazo.
Bajo el marco
legal actual, sólo un idiota está dispuesto a proponer políticas públicas cuyas
semillas den frutos en el mediano o largo lazo. Como sus carreras están en
juego cada tres o seis años – y como las mismas dependen de las cuentas que
rindan a las cúpulas de sus partidos –, los funcionarios públicos prefieren
impulsar políticas cortoplacistas, de alto impacto publicitario y centradas en
el reparto de efectivo y de bienes de consumo. Ingenuo aquel que se le ocurra proponer
grandes reformas en materia educativa, cuyos resultados difícilmente se ven
antes de una década, o en materia laboral, que en el corto plazo pueden costar
millones de votos.
De haber
gobernado en México, Margaret Thatcher se habría visto obligada a revertir sus propuestas
económicas desde antes de anunciarlas, pero como en el Reino Unido existe la
reelección, con el paso del tiempo logró callar las enormes protestas populares
que caracterizaron a sus primeros años de gobierno, demostrando con hechos que
en el mediano y largo plazo valieron la pena. Se podría decir que la reelección
le dio a la Dama de hierro la
certidumbre necesaria para correr riesgos en el corto plazo, a sabiendas que,
con el tiempo y resultados tangibles, el pueblo, no su partido, le darían el
visto bueno. Y así fue por 11 años.
Por todo esto,
queridos lectores, creo que el regreso del PRI a la presidencia cambiaría muy
poco. Mientras los funcionarios públicos sigan rindiendo cuentas a las cúpulas de
sus partidos, difícilmente estarán dispuestos a tomar riesgos en el corto
plazo, mucho menos si el balance final de estos riesgos depende del juicio de
la ciudadanía. Sin reelección las cuentas se seguirán rindiendo en comedores de
Polanco y las campañas electorales seguirán siendo largas listas de buenos
deseos. En política, como en cualquier mercado, se necesita certidumbre.
Resulta estúpido imaginar que nuestros funcionarios públicos pueden encontrar
esta certidumbre en entes ajenos a la ciudadanía que en teoría deberían servir.
La no
reelección es el lastre institucional más grande de nuestro pasado autoritario.
Si realmente aspiramos a ciudadanizar la política, empecemos por devolver el
poder a los ciudadanos. Digamos no a la no reelección.
Contacto: sobremesapolitica1@gmail.com
Vía Twitter:
@gustavoriveral
